12.10.2007, Venezuela, FEDEFAM: Declaracion de COFADEPA-HG
Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá
Héctor Gallego
COFADEPA-HG
A 39 años del Golpe Militar
Hace 39 años –en el marco de la implementación
en América Latina de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional
enseñada por el ejército de Estados Unidos en la Escuela
de las Américas- el orden constitucional fue violentado por la
Guardia Nacional mediante un golpe de Estado militar encabezado por
Omar Torrijos y Boris Martínez.
Desde el primer momento la protesta del pueblo panameño en
defensa de la democracia no se hizo esperar. La Guardia Nacional
respondió reprimiendo tanto las protestas cívicas como la
resistencia armada con los métodos contrainsurgentes aprendidos
en los fuertes militares gringos establecidos en la antigua Zona del
Canal. La persecución, los arrestos, las torturas, los
destierros, las desapariciones forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales, dejaron cientos de víctimas entra la familia
panameña.
No había ante quien acudir en demanda de justicia, pues las
instituciones de investigación (DENI) y los funcionarios de
instrucción judicial del Ministerio Público quedaron
directamente bajo las órdenes de los entorchados.
Personeros, jueces y magistrados eran nombrados a dedo desde los
cuarteles y fallaban según las órdenes telefónicas
de los gorilas. Así las cosas, los propios violadores de
los derechos humanos eran los encargados de investigar dichos casos, de
levantar los expedientes y de juzgar los delitos del cuerpo
político mandante. Eso explica los sobreseimientos y las
decisiones judiciales que han dado pie a 39 años de
crímenes en impunidad ante más de un centenar de
casos de asesinatos y desapariciones forzadas.
Las posibilidades de denuncia pública también fueron
cercenadas. Los medios de comunicación fueron
silenciados, se cerraron emisoras o fueron destruidas, se
hechó ácido corrosivo en las rotativas de los
periódicos y muchos aún recordamos la orden castrense de
cerrar los medios de comunicación “¡Desde
ya!”, para finalmente apoderarse de los mismos. Luego
vendrían los asesinatos selectivos y los crímenes
cometidos por grupos de pandilleros, “pie de guerra” y
varilleros llamados cínicamente “batallones de la
dignidad”.
Como quien lee un pasquín, el “hijo del general” nos
pide que pasemos esa hoja negra de la historia panameña y
dejemos todo en la impunidad y el olvido, tal vez de la misma forma
como el Partido Revolucionario Democrático, PRD, ha olvidado y
dejado en desamparo a las víctimas de la invasión yanqui
del 20 de diciembre de 1989. Por su parte, sus copartidarios,
Juan José Amado III, exdirector del Instituto de Acueducto y
Alcantarillado Nacionales, IDAAN, y Benjamín Colamarco, actual
Ministro de Obras Públicas, MOP, dicen sentirse orgullosos de
aquel pasado (?) de corrupción y de delitos de lesa
humanidad. Por consiguiente, según ellos, ni el PRD ni el
Estado deben pedirle perdón a la víctimas, a sus
familiares ni al pueblo panameño. En otras palabras, al no
reconocer el gran daño hecho a la Patria, a la democracia, al
erario público, a los principios de justicia y a la convivencia
pacífica, mal pueden mostrar arrepentimiento o propósitos
de enmienda.
Durante todos estos años se les ha denegado justicia a las
víctimas de la dictadura y a sus familiares. Pese a que
son conocidas las circunstancias que impidieron se hiciera justicia y a
que es admitido universalmente que los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles, el Estado –especialmente a través de
funcionarios vinculados al brazo político de los militares
golpistas (PRD) que han indultado a los inculpados antes de ser
presentados a los tribunales- ha venido declarando la
prescripción de estos delitos violatorios a los derechos
humanos. Funesto resulta que la propia Corte Suprema de Justicia
en la persona de las magistradas Graciela Dixon, actual presidenta de
esta Institución, y Esmeralda de Troitiño hayan declarado
6 casos de prescripción en torno a esta naturaleza de
delitos.
Es por esto que consideramos un contrasentido y una verdadera infamia
que el presidente Martín Torrijos haya tenido la osadía
de postular a la licenciada Graciela Dixon para ocupar un cargo de
magistrada en el Tribunal Penal Internacional, constituido precisamente
para juzgar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y
violaciones a los derechos humanos.
COFADEPA-HG seguirá luchando, junto a todo ciudadano
honesto de este país, porque se conozca la verdad y se
haga justicia, para acabar con la impunidad reinante, para que la
verdad sea conocida por las nuevas generaciones, para que todos seamos
educados en el respeto al ser humano y sus derechos, para que nunca
olvidemos y para que no se siga repitiendo esta historia.
¡Exigimos respeto a los Derechos Humanos!
¡No a la Prescripción de Delitos de Lesa Humanidad!
¡Por la Verdad y la Justicia, No a la Impunidad!
11 de octubre de 2007
Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego
COFADEPA-HG
Miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, FEDEFAM.
COFADEPA-HG es miembro de FEDEFAM, organización con Status
Consultivo en Categoría II ante el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos es un organismo regional
dedicado a luchar contra la práctica de las desapariciones forzadas.
Tiene status consultivo en Categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay e Uruguay
Cooperación
World Coalition Against Torturers (WCAT)
Direccion del proyecto
Bianca Schmolze
Bianca Schmolze es administradora de empresas diplomada
y trabaja desde el ano 2002 en la Ayuda Medica para Refugiados. Despues
de ser responsable para la buzqueda de fondos ella esta la responsable
de la campana "Justicia es salud" desde 2004. Ademas tiene un mandato
del concejalía municipal de Bochum.
Tel.: +49-(0)234-9041380
Fax: +49-(0)234-9041381
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