El Salvador es el país más pequeño no solo en América Central sino en
todo el continente americano. Es, también, el país más poblado y, junto
con Nicaragua, el más empobrecido. Somos en El Salvador, dentro del territorio nacional de aproximadamente 20,000 km
2
, casi 7 millones de habitantes. Además tenemos cerca de 3 millones de salvadoreños y
salvadoreñas que, amenazados por la persecución política y la pobreza durante
la guerra civil (1981-1992) y exclusivamente por la pobreza y el desempleo durante los años
de la posguerra hasta el día de hoy, han huido del país. Son más de tres
millones esparcidos por el mundo, aunque fundamentalmente los encontramos en Estados Unidos,
Canadá, México y Australia.
En El Salvador, además de la población siempre creciente desde que yo recuerdo, ha
existido otro elemento que también ha tenido una tasa de crecimiento fuerte aunque cambiante
en sus modalidades: la impunidad.
Se pueden encontrar niveles altos de impunidad al menos desde el año 1932, cuando se dio la
gran masacre de campesinos, en su mayoría indígenas (cfr. Decreto de Ley de
Amnistía 1932). Sin embargo creo que es más interesante ceñirse a tiempos
más recientes, a los años de la guerra, los Acuerdos de Paz y la posguerra. Y al
hacerlo nos damos cuenta que, todavía hoy, las cosas no han cambiado.
La Comisión de la Verdad, creada por la ONU como parte de los acuerdos de paz, tenía
como misión estudiar:
“las graves violaciones ocurridas desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor
urgencia el conocimiento público de la verdad” 1
Un poco más adelante se dice:
“Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de
oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a
los derechos humanos” 2
En una de sus conclusiones la Comisión de la Verdad dice, al hablar de los ‘grupos
armados ilegales’ (escuadrones de la muerte), cómo estos actuaban con absoluta
impunidad. Un poco más adelante, al narrar cómo a medida que el conflicto se
recrudecía, se incrementaba el poder de las cúpulas militares cuya consecuencia fue:
“un estado en el que ciertos y determinados elementos de la sociedad se
se encontraron inmunes a cualquier contención gubernamental o política y fraguaron,
así, una abyecta impunidad” 3
Hay más citas, en el mismo informe de la Comisión de la Verdad que confirman la
existencia vigente y rampante de la impunidad.
La pregunta que surge es ¿Qué es la impunidad? Y la respuesta la podemos dar con el
Fiscal anticorrupción Carlos Castresana que dice:
“Cuando hablamos de impunidad, para centrar un poco la materia, se está hablando de una
inefectividad del derecho. El derecho existe, las normas están en vigor, han sido debidamente
aprobadas esas normas y sin embargo, por alguna razón, no se aplican, no obtienen
consecuencias prácticas y concretas.” 4
Y esta es la historia de más de 70 años en nuestro país. Además, esa
inefectividad del derecho no incluye a todo el ámbito del derecho sino al derecho de los
Derechos Humanos.
En El Salvador existen dos versiones del mismo país: la de las víctimas y la de los
victimarios, es decir la de aquellos que nunca fueron beneficiarios de la justicia y la de los que
siempre se cobijaron bajo esa gran sombrilla de la impunidad. Puesto de forma ligeramente diferente,
la de los muchos que nada o casi nada tienen y la de los pocos que todo lo poseen. La de los que
sufren una constante inseguridad en sus vidas y la de los que pagan para mantener su seguridad. La
de los que no tienen en su patria cómo existir y se ven forzados a emigrar buscando
oportunidades y la de los que derrochan su dinero viajando. Lamentablemente se conoce normalmente la
opinión de los victimarios y nunca o casi nunca la de las víctimas.
Pro Búsqueda es una Asociación de Víctimas, formada por familiares de aquellas
niñas y niños que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de la
Fuerza Armada de El Salvador. Estas niñas y niños, hoy jóvenes, son
víctimas que fueron, muchas de ellas, vendidas en adopción y que han tenido que vivir
desde su desaparición hasta hoy con una identidad alterada e incompleta. Sus familiares son
víctimas también, que no han tenido la posibilidad de cuestionar a los perpetradores
de este horrendo crimen y preguntarles por el paradero de sus hijas e hijos. ¿Caín,
qué has hecho con tu hermano Abel?
Los desaparecidos en general y las niñas y niños desaparecidos en concreto no son
cosas del pasado para la memoria. Son siempre víctimas de un delito actual, del presente. El
desaparecido es víctima de un delito permanente. Para los victimarios, el desaparecido es
considerado como un no-ser. El Estado que garantiza la impunidad no quiere reconocer a la
víctima su carácter de humano.
Los familiares se ven forzados a vivir en una penumbra, habitada por dudas, recuerdos y
fantasías. Se les mantiene en un estado de crueldad y tortura permanente. Viven una angustia
suspendida en el tiempo. No pueden saber si sus hijos e hijas están vivos o muertos. En caso
de estar muertos no pueden enterrarlos ni elaborar el proceso de duelo. Es un caso de maldad
extrema.
A Pro Búsqueda le tocó, en un primer momento, probar que había
niñas y niños desaparecidos. Y ante una opinión generalizada que decía
que era una tarea irreal, inalcanzable e imposible y que nunca los encontraríamos vivos
porque se los llevó la Fuerza Armada, Pro Búsqueda se puso del lado de las
víctimas y las escuchó. Aprendió la verdad de las víctimas y
creyó en ella. Al hacerlo cumplíamos con nuestro primer deber: escuchar de una vez por
todas lo que las víctimas tienen para decirnos de sí mismas y sobre sí
mismas. Además, con este hecho tan simple de escuchar y creer la verdad de las
víctimas, se estaba reconociendo su dignidad. Nunca antes habían sentido aquella
experiencia.
Las víctimas se involucraron en el proceso de búsqueda. En diciembre de 1993 se
encontraron los primeros cinco jóvenes. El reencuentro de estos jóvenes con sus
familias biológicas, hizo nacer una nueva esperanza en los familiares. “Si estos
están vivos, los nuestros también pueden estarlo.” La esperanza, que por primera
vez despertaba en aquellas familias se concretó en un compromiso: “Tenemos que
buscarlos hasta encontrarlos, porque están vivos.”
Se procuró organizar a los familiares y darles grados de responsabilidad en el trabajo de
búsqueda y acompañamiento, atendiendo al mismo tiempo sus necesidades en grupos de
salud mental y grupos de autoayuda. Era necesario organizar a los familiares. Nos dimos cuenta,
además, que desde las víctimas teníamos algo importante que nos daba fuerza: la
verdad.
La primera acción tomada fue presentar el caso de las hermanas Serrano Cruz ante el juzgado
de primera instancia de Chalatenango.
Se pensó, además, que era necesario intentar que las diferentes instituciones
del Estado cumpliesen con el fin para el que han sido creadas. Se acudió a la
Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos y se le presentaron 141 casos de
desapariciones de niñas y niños de los que La Procuraduría seleccionó
cinco casos con ocho víctimas. Después de la investigación de la
Procuraduría, en su resolución, se declaraba la responsabilidad de la Fuerza Armada en
todos los casos que habían estudiado. Una institución del Estado estaba confirmando
oficialmente lo que Pro Busqueda había dicho desde el comienzo.
Con el respaldo del informe de la Procuraduría se llevaron otros casos a los juzgados. En el
caso de las hermanas Serrano existía una testigo que había visto a las hermanas
Serrano cuando eran bajadas del helicóptero. Sin embargo, el caso fue archivado en dos
ocasiones y ante presiones de Pro Búsqueda se reabrió por última vez en mayo de
1998.
Se acudió a la Corte Suprema de Justicia y en 1995 se interpuso un recurso de Habeas
Corpus. Un año después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador indicó que
no era este el medio adecuado para investigar la desaparición de las hermanas Serrano.
Se pretendió, también, que la Asamblea Legislativa adoptara medidas para que el Estado
de El Salvador asumiera su responsabilidad en la búsqueda. Para ello se presentó un
anteproyecto de ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda por
decreto legislativo, para tener fuerza de ley cuando solicitásemos información de la
Fuerza Armada. El anteproyecto de Ley se presentó en Octubre de 1999. Ante el silencio de la
Asamblea, se presentó dos años después una nueva solicitud que posibilitase
retomar el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta el día de hoy no se
ha tenido respuesta alguna, ya que los partidos ARENA y PCN no han permitido que el tema
se trate en reunión plenaria de la Asamblea. En ambos casos la solicitud se ha presentado con
presencia de niñas y niños familiares de los desaparecidos así como de muchos
familiares.
Después de haber visto el caso en el juzgado de Chalatenango y de haber presentado los
recursos de Habeas Corpus el caso fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, ya que se habían agotado las instancias internas de justicia. La Comisión
recibió el caso y después de estudiarlo lo admitieron. En audiencia celebrada ante la
Comisión con presencia de representantes de Pro Búsqueda y del Estado, arguyó
el Estado que había formado la Comisión de Búsqueda. La afirmación era
falsa. Al regreso a El Salvador fue necesario desmentir públicamente lo afirmado por el
Estado en Washington. Se creó entonces un sustituto de la Comisión de Búsqueda
a la que se le llamó ”La Mesa del Procurador” (General de la República).
Después de un año de reuniones y trabajos infructuosos, al no conseguir resultados
positivos, Pro Búsqueda se retiró de esta instancia. En todo este trabajo, pese a que
coordinaba el trabajo una instancia del Estado, la Fuerza Armada se negó a proporcionar
información. Sin embargo, se consiguió que la Procuraduría General de la
República firmase un pequeño convenio con Pro Búsqueda para agilizar los
procesos y juicios de identidad y así poder legalizar la verdadera identidad de aquellos
jóvenes, ya que los niños que encontramos, jóvenes en este momento,
habían vivido toda su vida con una identidad alterada y falsa.
Durante el proceso ante la Comisión Interamericana se tuvieron una serie de reuniones
infructuosas con el Estado para intentar llegar a una solución amistosa en el caso. Sin
embargo, después de un año, se remitió de nuevo el caso a la Comisión
por la negativa del Estado a llegar a un acuerdo. La Comisión decidió remitir el caso
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al hacerlo comenzó una nueva etapa,
distinta a las anteriores por la naturaleza de las acciones y por ser la primera vez que el Estado
de El Salvador era llevado ante la Corte Interamericana por haber cometido una violación
grave a los Derechos Humanos, concretamente por desaparición forzada.
El proceso iniciado ante la Corte Interamericana dejó patente nuevos y muy altos niveles de
impunidad, algunos de los cuales aparecen en la misma sentencia de la Corte Interamericana.
En primer lugar, por acción directa de la Fiscalía General de la República se
coaccionó a la testigo principal, una persona muy sencilla, para que cambiase su
declaración ante el juzgado de primera instancia de Chalatenango, ciudad en la que estaba
depositado el caso. Además se presentaron testigos falsos que desvirtuaron la existencia de
las niñas, pretendiendo mostrar que las niñas nunca habían existido. Este hecho
fue probado como falso por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y
quedó en evidencia en la vista pública del caso en Costa Rica, sede de la Corte
Interamericana, por la misma declaración de la testigo.
El fiscal y la jueza del caso practicaron inspecciones y secuestro de los libros de registro de las
partidas de bautismo que estaban depositados en la Catedral de Chalatenango. Para poder hacerlo
utilizaron una figura legal que únicamente se aplica para hechos delictivos. Todas estas
acciones fueron utilizadas para sustentar la tesis del Estado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que decía que las niñas Serrano nunca habían existido y
que el juicio era una estratagema de la familia Serrano para desacreditar al Estado y obtener una
reparación económica por la desaparición de las dos niñas.
Las actuaciones del Estado en el caso contencioso de las hermanas Serrano son una muestra de
cómo opera la impunidad en el sistema de justicia. El Estado cambió totalmente el
rumbo en la investigación penal y así todas las diligencias practicadas por el Estado
desde finales del año 2003 y todas las actuaciones de la jueza del caso y de la
Fiscalía General de la República iban encaminadas a defender al Estado y nunca
pretendieron buscar a las niñas víctimas de desaparición forzada y mucho menos
a los responsables de la desaparición que no era otro que el batallón Atlacatl,
entrenado en los Estados Unidos. El fiscal del caso fue premiado por su corrupción y falta de
profesionalismo con un nuevo puesto en la Comisión de Derechos Humanos que el Estado ha
creado en la Cancillería, que es la unidad encargada de parte del Estado para ejecutar la
sentencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar las actuaciones del Estado en la
aplicación de la justicia, condenó al Estado por violación de las
garantías judiciales y además pide que se investiguen las actuaciones del fiscal del
caso.
El cumplimiento de la Sentencia dictada por l Corte Interamericana está siendo otra muestra
de no hacer caso a la ley, aunque esta esté vigente, y actuar como a mi me conviene.
El Estado tendría que haber cumplido con cinco puntos de la sentencia antes del 29 de
septiembre del presente año. Sin embargo su cumplimiento ha sido parcial en algunos puntos y
un incumplimiento total en otros. Ha existido un total incumplimiento en la creación de la
Comisión de Búsqueda. La Comisión creada por el Estado dista mucho de ser la
recomendada por la sentencia de la Corte Interamericana. Tampoco se ha cumplido el investigar,
juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de las hermanas Serrano ni
se ha dado seguimiento a su caso. Sin embargo se ha informado a Comisiones Internacionales y se ha
publicado que ha existido un cumplimiento total y exacto de la sentencia.
Ha existido incumplimiento también en la creación del día de la niñez
desaparecida. Se ha creado en su lugar el día del “reencuentro de niñas y
niños que se extraviaron…” Tampoco se ha cumplido este punto.
La página web de búsqueda está incompleta. No se ha dado atención
médica y psicológica a la familia Serrano y si se ha publicado la sentencia en un
matutino de difusión nacional, aunque con una letra demasiado pequeña que
imposibilitaba el ver el texto de la sentencia.
Se ha difundido en los medios de difusión local que el Estado ha cumplido con lo dicho por la
sentencia. El cumplimiento que ha hecho el Estado ha sido parcial en algunos puntos y absolutamente
incumplimiento en otros. Se han hecho rapiñas a la verdad. Me atrevería a llamar al
Estado ‘depredadores de la verdad’.
Si quisiera dejar constancia que lo mucho o poco que se ha conseguido ha sido por el esfuerzo y
lucha constante de las víctimas que se han unido y organizado para poder buscar, encontrar y
reunirse con sus hijas e hijos desaparecidos.
1 De la Locura a la Esperanza: El mandato, p.9.
2 Ibid. p.9.
3 Ibid. p.186.
4
Carlos Castresana: “Lucha contra la impunidad” en jornadas contra la tortura,
organizadas por Amnistía Internacional, Valencia, 28 de noviembre, 2002.